Bajo Donald Trump, las relaciones entre México y Estados Unidos finalmente fueron más pacíficas… Los proyectos del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) están causando preocupación en Washington y el mundo empresarial. En particular la reforma energética, cuyo proyecto de ley deberá ser examinado por el parlamento mexicano en las próximas semanas.

Esto incluye corregir la liberalización adoptada bajo su predecesor Enrique Peña Nieto y una reforma constitucional para fortalecer las empresas públicas nacionales. El texto reservaría al menos el 56% de la producción eléctrica para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa 100% pública, frente al 38% actual. Por lo tanto, el gobierno de izquierda de López Obrador espera poder controlar los precios de la electricidad y mantener los aumentos de precios por debajo de la inflación, que ha alcanzado su nivel más alto en veinte años en México (+7,36% en 2021).

Contratos rescindidos

El proyecto de ley también pondría fin a los contratos de 34 productores privados de energía para suministrar electricidad a la red nacional y de 239 fábricas que suministran directamente a las empresas. Fábricas que casi todas utilizan energías renovables o gas natural. La red eventualmente sería alimentada principalmente por fábricas de propiedad pública -en su mayoría de carbón- en detrimento de las fábricas privadas que utilizan energía solar o eólica, incluso si éstas son más baratas.

Todos estos elementos hacen temer a la administración Biden que esta reforma suponga un golpe fatal a los esfuerzos conjuntos de ambos países en materia de energía verde, pero también a las inversiones estadounidenses. La Secretaria de Energía estadounidense, Jennifer Granholm, se reunió con su homóloga mexicana, Rocío Nahle, y con el Presidente mexicano hace diez días. “En cada una de las reuniones expresamos las preocupaciones de la administración Biden-Harris sobre el potencial impacto negativo de las reformas energéticas propuestas sobre la inversión privada estadounidense en México”, enfatizó.

La reforma también prevé mantener el monopolio estatal sobre la producción de litio, especialmente buscado para baterías de vehículos eléctricos y microprocesadores.

Otras fuentes de voltaje

México se ha comprometido a acoger a empresas privadas en las próximas semanas y escuchar sus quejas. Algunos creen que “AMLO” tendrá que hacer concesiones para aprobar la reforma constitucional, que requiere una mayoría de dos tercios. Varias voces de su propio bando han expresado reservas y los parlamentarios de los estados del norte con estrechos vínculos con Estados Unidos deberían votar no. Ciertas acciones también podrían violar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá.

El tema energético no es el único foco de tensión entre México y Washington. Mientras los dos aliados presentaban un plan de acción de seguridad conjunto a principios de semana, el presidente mexicano denunció la presencia en su suelo de agentes estadounidenses, el FBI, la CIA o la DEA. Un proyecto de ley también propone “regular la actuación de agentes extranjeros”.