Morgan Lee, Prensa Asociada

SANTA FE, Nuevo México – Una nueva demanda colectiva alega que las autoridades de inmigración de Estados Unidos ignoraron las señales de condiciones insalubres e inseguras en un centro de detención de Nuevo México para garantizar que la instalación siguiera recibiendo financiación pública y permaneciera abierta.

La demanda, anunciada el miércoles por una coalición de defensores de los derechos de los migrantes, fue presentada en nombre de cuatro venezolanos de entre 26 y 40 años que solicitaron asilo en Estados Unidos. Dicen que se les negó atención médica, acceso a duchas funcionales y comida suficiente en el Centro de Detención del Condado de Torrance mientras se les obligaba a realizar tareas de limpieza, a veces sin compensación.

El centro de detención en el pueblo rural de Estancia, a unas 200 millas de la frontera con México, tiene un contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para albergar al menos a 505 inmigrantes varones adultos en cualquier momento, aunque la población real varía.

Los solicitantes han afirmado repetidamente en los últimos años que las condiciones de vida en el centro son inadecuadas y que el acceso a representación legal es limitado para los solicitantes de asilo que transitan allí. Pidieron a los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que pongan fin a su contrato con un operador de un centro de detención privado, al tiempo que pidieron a los legisladores estatales que prohíban los contratos de los gobiernos locales para la detención de inmigrantes.

“El hecho es que ICE no puede ignorar las condiciones en los centros de detención”, dijo Mark Feldman, abogado principal del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, quien se encuentra entre los representantes de los demandantes.

“Retienen la responsabilidad de supervisión de las condiciones de detención, encomendada por el Congreso, dondequiera que se detenga a inmigrantes”.

El centro de detención no pasó una evaluación de desempeño en 2021, y la demanda alega que ICE trabajó para evitar documentar una segunda falla consecutiva que podría llevar al fin de la financiación federal al realizar una “inspección negligente y profundamente defectuosa” por parte de un contratista independiente.

La demanda dice que la agencia no tuvo en cuenta conclusiones contradictorias del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional y de un funcionario contratado por ICE que sugerían condiciones insalubres continuas y escasez de personal.

Un portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos dijo el jueves que la agencia no hace comentarios sobre litigios. El año pasado, el jefe de personal Jason Houser dijo que ICE monitorearía continuamente las instalaciones, y señaló que había dejado de usar el Centro de Detención del Condado de Etowah en Alabama cuando no se cumplieron las expectativas.

CoreCivic, el operador privado del condado de Torrance, no hizo comentarios de inmediato. La empresa ha cuestionado en repetidas ocasiones conclusiones críticas sobre el funcionamiento de la planta. Acusó a los reguladores gubernamentales y a los grupos de defensa de tergiversar las condiciones carcelarias.

Según el Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse, alrededor de 35.000 inmigrantes estaban detenidos en centros de detención de ICE en todo Estados Unidos en septiembre, mientras que la agencia monitoreaba a otras 195.000 personas con alternativas a la detención durante sus procedimientos de inmigración o deportación.

La región fronteriza sur está lidiando con un número creciente de migrantes de América del Sur que están cruzando rápidamente el Tapón del Darién entre Colombia y Panamá antes de dirigirse al norte.

Los demandantes en la demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Albuquerque, también están representados por la ACLU, Innovation Law Lab y los abogados de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.