En México, los defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente enfrentan constantemente múltiples amenazas, que van desde la estigmatización, el acoso, las agresiones físicas hasta la reubicación forzada, las desapariciones y los asesinatos para hacer valer sus derechos básicos. Se está abusando del sistema de justicia penal contra ellos para castigarlos y disuadirlos de protestar.

PROTESTAR NO ES UN DELITO

El derecho a protestar es una forma fundamental para que las comunidades que defienden los derechos a la tierra y al medio ambiente hagan oír su voz, ya que sus demandas de respeto a su territorio a menudo son violadas. Ante estas manifestaciones, el Estado mexicano decidió responder violentamente reprimiendo y criminalizando a las personas defensoras. Además de recurrir a la fuerza excesiva para reprimir las protestas, el Estado utiliza desproporcionadamente el sistema de justicia para castigar a las comunidades por exigir sus derechos y disuadirlas de protestar.

CUATRO CASOS CONCRETOS DE CRIMINALIZACIÓN

El informe “México: Tierra y ¿Libertad? “Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente” de Amnistía Internacional destaca cuatro casos de uso del sistema penal contra grupos de defensores en tres estados mexicanos: Chiapas, Yucatán y Puebla.

Dos casos ocurren en el estado de Chiapas. El primero es el de la Colonia Maya, en San Cristóbal de las Casas, donde un grupo de defensores protestan contra un proyecto de construcción en un área protegida que causaría daños ambientales. Otro caso es el de César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, defensores tzeltales de la región de Chilón, donde luchan contra la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio, que no había contado con el consentimiento de la comunidad. Su manifestación pacífica fue reprimida violentamente por la policía y los defensores fueron detenidos.

En el estado de Puebla, en Zacatepec, Miguel López Vega y Alejandro Torres Chocolatl, defensores nahuas, fueron criminalizados sin pruebas suficientes que sustenten su oposición a la construcción de un sistema de drenaje industrial que contamina el río Metlapanapa.

En el estado de Yucatán, en el pueblo de Sitilpech, Juan Diego Valencia Chan, Arturo Albornoz May y Jesús Ariel Uc Ortega, pobladores mayas, protestan contra una mega granja porcina que está provocando contaminación y contaminación del agua, además de problemas de salud a la población. . El campamento que habían instalado frente a la granja fue desmantelado por la fuerza y ​​se iniciaron procedimientos judiciales contra ellos.

En todo México, los defensores enfrentan penas de prisión por defender sus derechos y su tierra.

Estrategia de disuasión

Esta criminalización por parte del Estado y de entidades privadas tiene como objetivo proteger intereses económicos que ponen en peligro los derechos humanos de las comunidades que quieren proteger su medio ambiente y sus medios de vida. Además, la criminalización de los manifestantes es parte de una estrategia estatal más amplia destinada a disuadir y reprimir la defensa de los derechos a la tierra, territoriales y ambientales.

Es imperativo que las autoridades reconozcan y resalten el trabajo de las personas que defienden sus derechos y les brinden la protección adecuada, en lugar de amenazarlas y criminalizarlas.

Firme esta petición para exigir la retirada de los cargos penales contra los abogados defensores, mejorar su protección y promoción de su trabajo y eliminar el uso indebido de los cargos penales en su contra.